Normas y Resoluciones

Esta norma internacional, publicada por primera vez en 1996 y actualizada en 2015, especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental (SGA) que una organización puede utilizar para mejorar su desempeño ambiental. Proporciona un marco que permite a una organización alcanzar los resultados previstos en su SGA, que aportan valor al medio ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. La versión de 2015 introduce conceptos como la gestión ambiental estratégica, el liderazgo de la alta dirección, la protección ambiental proactiva (más allá de la prevención de la contaminación), el análisis del ciclo de vida y la mejora del desempeño ambiental, siguiendo la estructura de alto nivel común a las normas de sistemas de gestión . Es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño, tipo o naturaleza.

URL: https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/projects/published/iso-14001

Publicada en 2016, esta norma establece los requisitos para un sistema de gestión del desarrollo sostenible en comunidades, incluidas ciudades, utilizando un enfoque holístico . Su objetivo es ayudar a las comunidades a volverse más resilientes, inteligentes y sostenibles mediante la implementación de estrategias, programas, proyectos y servicios . La norma promueve un enfoque multi-actor, fomentando el diálogo y la cooperación entre las diferentes partes interesadas de una comunidad para consensuar una estrategia de desarrollo sostenible . Los resultados esperados incluyen la gestión de la sostenibilidad, la mejora de la contribución de la comunidad a los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de las obligaciones.

URL: https://www.iso.org/standard/61885.html

La ISO 31000 es una norma internacional que proporciona principios, un marco y un proceso para la gestión del riesgo. Su enfoque está diseñado para ayudar a las organizaciones de cualquier tamaño, actividad o sector a aumentar la probabilidad de alcanzar sus objetivos, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, y asignar y utilizar recursos de forma más eficaz para el tratamiento del riesgo . Proporciona un punto de referencia internacional con el que las organizaciones pueden comparar sus prácticas de gestión de riesgos. Es importante destacar que la ISO 31000 no tiene fines de certificación, sino que ofrece directrices para la gestión del riesgo, pudiendo ser utilizada para programas de auditoría interna o externa.

URL: https://www.iso.org/standard/65694.html

La ISO 38200:2018, titulada «Chain of custody of wood and wood-based products» (Cadena de custodia de la madera y los productos de base maderera), especifica los requisitos para un sistema de cadena de custodia (CoC) . Este sistema se aplica a la madera, los productos de base maderera, el corcho y los materiales lignificados (como el bambú) y sus productos, a lo largo de toda la cadena de suministro o partes de ella . La norma se basa en un sistema de control para rastrear y manejar el material, incluyendo el transporte, la recepción, la producción, la venta y la declaración de salida, con el objetivo de permitir el seguimiento de los materiales desde su origen hasta los productos terminados . Esto proporciona una herramienta clave para garantizar que los productos provengan de fuentes legales y sostenibles, contribuyendo así a la lucha contra la deforestación y la protección de los bosques.

URL: https://www.iso.org/standard/70179.html

Este decreto del Consejo de Ministros establece el marco institucional y las responsabilidades para implementar el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). Define las obligaciones de los organismos de la Administración Central del Estado, el sector empresarial y los gobiernos locales en materia de adaptación y mitigación. Promueve acciones sectoriales en áreas como la agricultura, el turismo, la salud, la construcción, la energía y el ordenamiento territorial, priorizando la reducción de la vulnerabilidad, especialmente en la zona costera, y fomentando la investigación científica, la innovación tecnológica y la búsqueda de financiamiento internacional para enfrentar los impactos del cambio climático.

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Este decreto del Consejo de Ministros desarrolla y complementa las disposiciones del Decreto-Ley 77. Detalla el procedimiento para la determinación y posible ampliación de los límites de la zona costera, y especifica las funciones de las autoridades responsables, como los Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Agricultura, el Transporte y el Turismo. Regula la creación y aprobación de los Planes de Manejo Integrado Costero, las servidumbres de paso para garantizar el acceso público, y los requisitos para la rehabilitación de playas, la protección de manglares y arrecifes, así como el procedimiento para establecer excepciones al régimen general de usos prohibidos en la costa.

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Emitida por el Consejo de Defensa Nacional, esta directiva establece el marco rector para la gestión integral de la reducción del riesgo de desastres en el país. Actualiza y perfecciona el sistema, definiendo las responsabilidades de todos los actores (organismos, entidades, ciudadanos) en las etapas de prevención, preparativos, respuesta y recuperación. Introduce conceptos como la alerta temprana y la creación de Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastre. Establece procedimientos detallados para la declaración de fases ante diferentes peligros (ciclones, sequías, sismos, accidentes tecnológicos) y organiza la estructura de dirección del país durante situaciones de desastre, incluyendo la protección de la población y la coordinación de la asistencia internacional.

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Este Decreto-Ley establece el régimen legal para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en Cuba. Define qué se considera un área protegida, sus objetivos y las categorías de manejo (Reserva Natural, Parque Nacional, Reserva Ecológica, Refugio de Fauna, etc.) en función de sus valores y los usos permitidos. Regula el proceso de propuesta, declaración y administración de estas áreas, asignando al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) la rectoría del sistema. Establece la obligatoriedad de contar con un Plan de Manejo y una zona de amortiguamiento para garantizar la conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales e histórico-culturales asociados.

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Este Decreto-Ley tiene como objetivo ordenar y simplificar las diversas clasificaciones de zonas geográficas con regulaciones especiales en el país. Define tres tipos de zonas: de Alta Significación Ambiental e Importancia Histórico-Cultural (que incluye áreas protegidas, monumentos, cuencas hidrográficas), de Desarrollo Económico (como la Zona Especial de Desarrollo Mariel o territorios de preferente uso turístico) y de Interés para la Defensa y la Seguridad. Establece el procedimiento para la declaración, modificación o extinción de estas zonas, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, y la necesidad de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano para algunas de sus categorías.

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Este decreto del Consejo de Ministros desarrolla el procedimiento para la aplicación del Decreto-Ley 331. Detalla la documentación requerida para proponer la declaración, modificación o extinción de una Zona con Regulaciones Especiales, el papel del Instituto de Planificación Física en la evaluación y consulta, y el proceso de aprobación por el Consejo de Ministros. Especifica qué categorías de zonas (Cuencas Hidrográficas, Zona Costera, Zona Especial de Desarrollo, entre otras) requieren la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano, y define el contenido básico que debe tener dicho plan.

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Es la norma suprema del Estado cubano. Establece los fundamentos políticos, económicos y sociales, y reconoce derechos fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano (Artículo 75), a la alimentación sana y adecuada (Artículo 77), y al agua (Artículo 76). Define la propiedad socialista sobre los recursos naturales y sienta las bases para todas las leyes sectoriales.

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Esta ley tiene como objetivo principal garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación sana y adecuada. Define la soberanía alimentaria como la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible. Crea un sistema institucional (Comisiones Nacionales, Provinciales y Municipales) para coordinar acciones y establece los Sistemas Alimentarios Locales Soberanos y Sostenibles como modelo para la producción, transformación y comercialización de alimentos, promoviendo la participación de todos los actores económicos y sociales.

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Constituye el marco rector para la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales en Cuba. Establece los principios de la política ambiental, define las competencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y de otros organismos. Regula instrumentos clave para la gestión ambiental como la Estrategia Ambiental Nacional, la Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental, el ordenamiento ambiental, y establece el régimen de responsabilidad por daño ambiental.

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Regula la planificación y gestión del espacio físico y el suelo como recurso finito. Define los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano (Esquemas, Planes, Estudios de Detalle) para guiar el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Establece el régimen urbanístico del suelo (clasificación y calificación) y los mecanismos para su gestión, buscando un equilibrio entre el desarrollo, la protección del patrimonio y la adaptación al cambio climático.

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Uniforma los procesos judiciales en materia civil, familiar, mercantil, laboral y de seguridad social. Es fundamental para la resolución de conflictos que puedan surgir en proyectos de investigación o desarrollo, ya que establece las reglas para la tutela judicial efectiva, el debido proceso, las medidas cautelares, los medios de prueba y los recursos contra las resoluciones judiciales.

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Regula el proceso para que las personas puedan impugnar ante los tribunales los actos, disposiciones y omisiones de la Administración Pública. Es un instrumento clave para garantizar los derechos e intereses legítimos frente a decisiones administrativas, incluyendo aquellas relacionadas con el otorgamiento de licencias, autorizaciones o la aplicación de sanciones en materias como medio ambiente, ordenamiento territorial o actividad científica.

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Establece el régimen jurídico para el desarrollo sostenible de la ganadería. Define los derechos y obligaciones de los productores ganaderos, regula los registros públicos de la ganadería (Registro Pecuario y Registro Nacional de Razas Puras), y aborda la conservación del patrimonio genético, la sanidad y el bienestar animal, con un enfoque en la mejora de la productividad y la adaptación al cambio climático.

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Regula el ordenamiento, la administración y el control de la pesca para la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos. Define las modalidades de pesca (comercial, deportiva, recreativa, de investigación), establece el sistema de autorizaciones (licencias, concesiones, permisos) y crea la Comisión Consultiva de Pesca como órgano asesor para la gestión sostenible de las pesquerías.

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Tiene como objeto establecer los mecanismos para el manejo integrado, la protección y el uso sostenible de la zona costera y su zona de protección. Define los límites de estas zonas según el tipo de costa, regula las actividades permitidas y prohibidas, y establece la necesidad de licencia ambiental para cualquier obra o actividad. Es una herramienta crucial para la investigación y la gestión de los ecosistemas costeros frente al cambio climático.

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Regula la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres (superficiales y subterráneas), reconociendo el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho. Establece las competencias del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), el régimen de concesiones y autorizaciones para el uso del agua, el orden de prioridades en su uso y las medidas para su protección contra la contaminación y el agotamiento.

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